Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

La nueva Ley de Contratos del Sector Público publicada en el BOE del 9 de noviembre de 2017 entra en vigor el 9 de marzo de 2018.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública,  suprimirá la posibilidad de contratación sin publicidad, establecerá la obligación de la factura electrónica y abrirá la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas.

La norma busca dotar de una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que supone aproximadamente un 20% del PIB: unos 200.000 millones de euros.

Por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Simplificación de la burocracia

Se simplifican los trámites con un proceso de menos burocracia para los licitadores y con cierta apertura  para las pymes, reduciendo cargas administrativas a los operadores económicos que optan a los contratos públicos.

Se introducen normas más estrictas en relación con los aspectos que puedan suponer irregularidades indicando que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Funcionario responsable del contrato

Se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, lo que dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, como puedan ser los casos  ya conocidos de las autopistas radiales inviables o el proyecto Castor.

Se espera un mayor control en los procesos de adjudicación, ya que incluso se crea la figura de responsable del contrato -funcionario o empleado público designado para ello- que se ocupará de vigilar la ejecución de los trabajos.

Se dificulta la adjudicación directa de contratos conocidos como ‘contratos menores’.

Contratos no sujetos a la regulación armonizada

La ley establece que los contratos no sujetos a regulación armonizada, serán aquellos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, frente a los 50.000 euros y 18.000 euros, respectivamente, fijados con anterioridad.

 

Fraccionar los grandes contratos

La ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos de modo que si no fuera posible es imperativo justificar esta imposibiilidad.

También flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

Limita la negociación por precio

Otro de los aspectos más relevantes de la norma es que se limita el uso del contrato negociado por criterios de precio, y los órganos de contratación podrán acordar ahora la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando su valor estimado sea igual o inferior a dos millones de euros en el de los contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.

También se exige que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total.

Supervisión independiente

Por otro lado, la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que previsiblemente podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

Sus integrantes tendrán un mandato de seis años, para desvincularlo del ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas. Esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública.

Ponencia permanente en las Cortes

Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

Mejoras en proyectos sociales

Además, el texto legal incluye mejoras en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al incluir una reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidadque puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación.

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitadores de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en favor de trabajadores con discapacidad.

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